lunes, 28 de mayo de 2012

La Junta rechaza nueve campos de golf


Fuente: El País

La mayoría de los nuevos proyectos urbanísticos vinculados a campos de golf en Andalucía no cumple los requisitos exigidos en el decreto que desde hace cuatro años regula la implantación de estos complejos. La comisión técnica de calificación ha rechazado nueve proyectos por no ajustarse a los parámetros ambientales y territoriales estipulados para poder obtener la declaración de campo de interés turístico, la categoría que permite la construcción de viviendas anexas a la instalación deportiva.

La mayoría de los nueve campos rechazados, seis, se ubican en parajes del interior. Dos en las provincias de Sevilla (El Agujetero, en Osuna; y Montellano Golf) y Málaga (Finca Corvite, en Almogía; y Las Lomas, en Casarabonela); y uno en Córdoba (Las Lomas del Duque en Lucena) y otro en Granada (Castillo de Tajarja, en Chimeneas). Los tres campos de costa son Hoya Áltica, en Almería; Los Palmares, entre Salobreña y Molvízar (Granada) y La Joyita Golf en Barbate (Cádiz). Los promotores aun están en plazo de presentar alegaciones contra la decisión, aunque no prosperan si no es con cambios sustanciales en el proyecto, y es que durante el proceso de tramitación normalmente los distintos departamentos requieren mejoras y correcciones que en estos nueve casos no han resultado suficientes.


La comisión técnica evalúa la idoneidad de los campos de golf tras conocer los informes de incidencia territorial, medioambiental, deportiva y turística de los correspondientes departamentos con competencias de la Administración autonómica. Si considera que se cumplen todas las exigencias, eleva la propuesta al Consejo de Gobierno, a quien compete la declaración definitiva de campo de interés turístico.

Desde que en febrero de 2008 se aprobó el decreto regulador de los campos de golf, sólo un proyecto ha logrado obtener la calificación de interés turístico, El Següesal Golf, que promueve en Barbate el grupo Bogaris y que contempla la construcción de 450 viviendas y más de 900 apartamentos turísticos, autorizado en julio de 2011.

No se puede utilizar la excepcionalidad para colar proyectos residenciales
Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio
Hay otros dos proyectos que han superado la evaluación de la comisión técnica y que incluso fueron ya vistos en el consejillo de viceconsejeros que prepara los asuntos a tratar en las reuniones del Gobierno andaluz, pero este ya estaba en funciones tras las pasadas elecciones autonómicas y están pendientes de aprobación. Los dos campos están también en la provincia de Cádiz, uno de ellos de la misma promotora Bogaris, en Jimena de la Frontera, donde proyecta un complejo con casi 600 viviendas y más de 900 apartamentos turísticos. El otro proyecto es más restrictivo, con apenas 150 viviendas, en Castellar de la Frontera, y que es un campo complementario a Valderrama, en Sotogrande, designado por los jugadores profesionales el mejor campo de golf de Europa.

El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, recuerda que el decreto regula la declaración de interés turístico de los proyectos, y que por tanto, para aprobarla tienen que tener “una vocación claramente turística, en la que el uso deportivo y hotelero sea preferente y, siempre que su impacto en el medio se ajuste a los preceptos ambientales”.

Rodríguez, uno de los tres miembros de IU en el Gobierno, advierte de que lo que no puede ser es que se utilice la excepcionalidad de la declaración de interés turístico “para colar proyectos eminentemente residenciales y sortear la normativa urbanística y los preceptos que imponen el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) o los planes subregionales”. “El decreto no está para eso, pero propiciará todo campo auténticamente turístico”, insiste. El proyecto rechazado en Almería, por ejemplo, planteaba construir 1.870 viviendas.

Precisamente, el decreto se elaboró tras una larga discusión en el Gobierno para evitar que con la excusa de un campo de golf proliferen y se consoliden núcleos de población aislados en suelo no urbanizable alejados de las poblaciones y demandantes de nuevos servicios e infraestructuras. En junio de 2010 se modificó el decreto para aligerar algunas exigencias, como permitir que las viviendas no computen para el 30% de incremento residencial y 40% de suelo que como tope pueden programar los municipios en sus planeamientos.